Agua

La pasada edición de CONAMA 2024, el análisis de la actualidad de las políticas del sector puso en el centro las Orientaciones Estratégicas de Agua y Cambio Climático (2022), una iniciativa que expone retos y líneas de acción para integrar el cambio climático en la gestión del agua.

En diciembre 2024 la DGA-MITECO[1], ha iniciado el proceso del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033), por lo que las orientaciones estratégicas vuelven a cobrar relevancia para consolidar la incorporación del enfoque de cambio climático en la planificación. Precisamente, en la sesión técnica de CONAMA 2024, “Políticas y planificación del agua: Agua y adaptación”, se ofrecieron algunas pistas sobre avances y retos pendientes sobre el abordaje del cambio climático.

Ahora, la nueva Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, presentada por la Comisión en junio de 2025, plantea los objetivos de garantizar una gestión adecuada de los recursos, abordar la escasez de agua y reforzar la ventaja competitiva e innovadora de la industria europea del agua, adoptando un enfoque de economía circular y para el cumplimiento de estos objetivos ofrece orientaciones concretas que se deberían tener en cuenta en los próximos procesos de planificación y gestión del agua a nivel nacional.

A continuación, se presenta la implicancia de estos avances, junto con otros elementos de contexto con el objetivo de poner en relevancia el estado de las políticas de agua en España.

Estrategia de Resiliencia Hídrica: El agua como factor de seguridad y competitividad en el nuevo ciclo europeo.

En el nuevo marco político de la Unión Europea, el agua emerge como un componente esencial de la seguridad y la competitividad. En las orientaciones políticas para su segundo mandato, Ursula von der Leyen anunció que la nueva Comisión Europea centraría su acción en cuatro ejes: Defensa y seguridad; prosperidad sostenible y competitividad; democracia y justicia social; y liderazgo global. En la Agenda Estratégica 2024-2029, se menciona “continuaremos protegiendo la naturaleza y revirtiendo la degradación de los ecosistemas, incluidos los océanos. Fortaleceremos la resiliencia hídrica en toda la Unión”.

En este contexto, por un lado, la creación de la Comisaría de Medio ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular, a cargo de la Comisaria, Jessika Roswall refuerza la integración del agua en las políticas climáticas, energéticas y productivas.

Por otro lado, la publicación de la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica (junio 2025), como el principal instrumento político para orientar el sector del agua, aunque con objetivos no vinculantes, amplía la visión tradicional del agua como recurso ambiental, integrándolo en la agenda económica y estratégica de la Unión, en línea con la Brújula para la Competitividad 2025 y el Pacto por una Industria Limpia, que reconocen que invertir en eficiencia hídrica contribuye directamente a la autonomía energética y a la productividad industrial de Europa.

Esta estrategia contempla más de 40 acciones concretas a implementar hasta 2030 y se estructura en torno a tres objetivos principales: Restaurar el ciclo del agua[2]; Transformar la economía del agua, y Garantizar un acceso equitativo y asequible del agua para la población.

Según el seguimiento del progreso de la Estrategia ya se cuentan con algunos avances. Por su parte, el Parlamento Europeo ha instado a la Comisión a establecer financiación específica para la resiliencia hídrica, utilizando mecanismos de fondos existentes.

Se complementa a esta Estrategia la Recomendación UE 2025/1179, sobre los principios rectores de la primacía de la eficiencia hídrica, que establece que los Estados miembros mejoren la eficiencia hídrica en al menos un 10 % hasta 2030 y que adopten medidas prioritarias para reducir la demanda antes de ampliar la oferta, en función de sus circunstancias nacionales.

La Estrategia también establece un nuevo espacio de participación y rendición de cuentas mediante el Foro Bianual de Resiliencia Hídrica, cuyo primer encuentro se celebró el 8 de diciembre de 2025. Algunos puntos que se destacan del programa desarrollado incluyen: La reafirmación del CESE sobre la necesidad del Pacto Azul UE que cuenta con 31 medidas para una estrategia integral e intersectorial del agua; El anuncio del lanzamiento de la Plataforma de Actores Interesados; El programa de aceleración de inversiones y la Academia europea del agua.

La Estrategia, también ha tenido varias reacciones. El Parlamento Europeo, ha solicitado objetivos de eficiencia hídrica más ambiciosos y vinculantes, mayor integración de la adaptación al cambio climático y fondos específicos para infraestructura e innovación. Reclaman una mejor preparación ante sequías, inundaciones y contaminantes como los PFAS. Por su parte, los ministros de Medio Ambiente de los Estados Miembros piden mayor contundencia en la prevención de la contaminación y modernización urgente de las infraestructuras, señalando la lentitud y la falta de ambición en las propuestas. En paralelo el Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha presentado el Dictamen[3] “Cambiar el rumbo: una hoja de ruta local y regional para la Resiliencia Hídrica” en donde señala que se debe evitar que el agua se convierta en un factor que dificulte la convergencia entre las regiones.

Diversas ONGs y el Partido Verde Europeo[4], consideran que la Estrategia carece de requisitos legales claros, no aborda de forma suficiente la contaminación en origen y deja mucho a la discrecionalidad de los Estados miembros. Critican la ausencia de sanciones y de controles efectivos sobre el uso de fertilizantes y productos químicos agrícolas, entre otros.

Las asociaciones sectoriales del agua (EurEau, Water Europe), si bien valoran positivamente el enfoque integral de la estrategia, demandan medidas concretas y recursos suficientes en cuanto a reducción del consumo, control de contaminantes y financiación adicional. Solicitan la creación de un fondo de transición hídrica similar a los fondos energéticos, así como mejorar la digitalización y la interoperabilidad de datos sobre el agua.

Si bien se reconoce el valor estratégico y la oportunidad de la Estrategia, los principales actores exigen mayor valentía regulatoria, fondos dedicados, objetivos cuantificables y controles más efectivos para afrontar los retos hídricos europeos de forma coherente y urgente.

La Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica va a generar que los distintos Estados Miembros, adapten sus instrumentos de planificación y gestión para dar respuesta a los desafíos y objetivos que presenta, con el doble objetivo de contribuir con los objetivos y atraer la financiación europea que finalmente se promueva. Algunos países como Portugal[5], han diseñado estrategias específicas y otras darán respuesta por el conjunto de instrumentos que ya disponen.

España, por su parte, deberá analizar si las "Orientaciones Estratégicas de Agua y Cambio Climático (2022)" y el conjunto de instrumentos que recoge, están suficientemente alineadas con la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, con un horizonte temporal hasta 2030, y si es necesario complementarlo con nuevos instrumentos.

El 4º ciclo de la planificación hidrológica ante escenarios de incertidumbre

El inicio del cuarto ciclo de planificación marca un punto de inflexión en la política del agua en España. En diciembre de 2024, la DGA anunció el periodo de consulta pública de los documentos iniciales de planificación [6] y en diciembre de 2025 de los Esquemas de Temas Importantes (ETI). Los estudios de adaptación al cambio climático por demarcación estarán disponibles en febrero de 2026. Estos documentos ofrecen una primera perspectiva al ciclo de planificación, y son la base para el proceso de participación y la integración de propuestas de mejora.

Este ciclo de planificación se desarrollará en un contexto de profundas incertidumbres climáticas, sociales y económicas, que obligan a revisar los paradigmas tradicionales de gestión del agua.

En el plano europeo, con la Recomendación (UE) 2025/1179 sobre el principio de la primacía de la eficiencia hídrica, se establece que las medidas prioritarias a ser incluidas en la planificación hidrológica deben orientarse a reducir la demanda y mejorar la eficiencia en el uso del agua, antes de recurrir a la reutilización de aguas residuales o a la ampliación de los recursos disponibles.

En el ámbito nacional, los retos del nuevo ciclo de planificación abarcan tanto la integración al cambio climático como la atención al aumento de las demandas. La integración se relaciona con lo establecido en las Orientaciones Estratégicas de Agua y Cambio Climático (2022), el Plan Nacional de Adaptación al cambio climático (PNACC 2021-2030) y su primer programa de trabajo 2021-2025, que está actualmente revisándose.

En cuanto a las nuevas demandas, se relaciona con sectores estratégicos como los vinculados a la transición energética[7] y digital, a través de la producción de hidrógeno verde[8], el almacenamiento hidráulico y la instalación de centros de datos[9], que a su vez plantea desafíos en la gestión concesional y la asignación de caudales ecológicos[10], generando potenciales conflictos entre usuarios del agua[11].

El agua destinada a la agricultura constituye un aspecto clave de la planificación hidrológica al representar alrededor del 80 % de la demanda. En el marco del PRTR, el MAPA impulsa inversiones por 228,3 M€ en aguas no convencionales que beneficiarán a más de 25.000 regantes. El Real Decreto 854/2022, por el que se crean la Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío, refuerza este compromiso con la innovación, la transparencia y la eficiencia del uso del agua. Sin embargo, estudios[12] advierten que la modernización del riego no siempre se traduce en un ahorro neto de agua a escala de cuenca, al incrementar la evapotranspiración y reducir los retornos, lo que plantea el desafío de compatibilizar la productividad agraria con la sostenibilidad hídrica y ambiental.

Dentro de la planificación hidrológica la diversificación de la oferta hídrica avanza con la incorporación de aguas desalada y regenerada como recursos estratégicos.

A nivel europeo, la Estrategia de Resiliencia Hídrica reconoce que la reutilización del agua sigue siendo limitada, con marcadas diferencias entre Estados miembros, y anuncia que antes de junio de 2028 la Comisión evaluará el Reglamento de reutilización y la posible ampliación de su ámbito de aplicación. En este contexto, España destaca como país líder, con más de 450 hm³ reutilizados anualmente, lo que refuerza la necesidad de una participación del sector para asegurar que la reutilización quede adecuadamente reconocida y regulada en los futuros marcos europeos.

Un aspecto clave en este sentido es el Real Decreto 1085/2024, que regula la reutilización de aguas depuradas, en el que además de definir usos posibles (urbano, agrícola, industrial y otros usos) establece la obligación de elaborar un Plan de gestión del riesgo del agua regenerada (PGRAR). La elaboración de estos planes representa un importante reto para la comunidad de usuarios ya que requiere de un alto nivel de conocimiento multidisciplinar, combinando aspectos técnicos, normativos, sanitarios, medioambientales y de gestión operativa. Y en este sentido se destacan: la Guía de recomendaciones para la elaboración de los PGRAR, del MITECO las guías para la gestión del riesgo del agua regenerada en regadíos del CEDEX, así como innovaciones como la herramienta digital HAGRO que facilita la elaboración de los PGRAR de forma estandarizada para el riego del olivar y está disponible de forma gratuita.

En materia de desalación, la Estrategia de Resiliencia reconoce que, aunque aporta seguridad de suministro, es una técnica costosa y ambientalmente intensiva, por lo que promueve la innovación para reducir su impacto. En España, a estos retos energéticos y ambientales se suma el desafío de su integración territorial como recurso estratégico en la planificación hidrológica. En este sentido, se destaca una Sentencia del Tribunal Supremo del 2024[13] que confirma que las aguas desaladas forman parte del dominio público hidráulico y deben someterse al régimen de concesión y planificación hidrológica, reforzando su integración en la política de recursos del país.

Es importante reconocer las altas capacidades nacionales para desalación y el liderazgo en reutilización del agua, y avanzar en la alineación de políticas públicas para que estas tecnologías puedan consolidarse como elementos clave ante los escenarios del cambio climático.

Otro espacio de debate relacionado con la planificación hidrológica es el actual régimen concesional aplicado España, basado en derechos de uso estables y de larga duración, que está desalineado con la realidad actual de recursos hídricos menguantes y más variables por el cambio climático. Esto genera sobreasignación, rigidez jurídica y baja capacidad de adaptación, dificultando que la planificación hidrológica incorpore la visión climática. Los mecanismos de revisión son escasos y poco utilizados, reduciendo la flexibilidad frente a sequías, variabilidad y eventos extremos. En este sentido, se plantean líneas de trabajo como la reducción y escalonamiento de plazos concesionales, con revisiones periódicas ligadas a ciclos de planificación, el refuerzo de cláusulas de revisión por cambio climático y objetivos ambientales o, entre otros que conducen a una reforma del régimen concesional para que sea un instrumento de adaptación.

Los fenómenos climáticos extremos: prevención, respuesta y resiliencia.

El trienio 2023–2025 ha evidenciado la vulnerabilidad estructural de España ante fenómenos climáticos extremos, con alternancia entre sequías prolongadas y lluvias torrenciales. Según el informe Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España (ERICC-2025), el sector del agua concentra tres riesgos complejos[14] y se subraya que estos riesgos hídricos actúan como nodos estructurales del sistema climático, al generar efectos en cadena sobre sectores interdependientes como la agricultura, la energía, la biodiversidad y la salud.

Ante la intensificación de los impactos del cambio climático, en septiembre del 2025, el Gobierno ha impulsado el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática con el objetivo de sostener una respuesta de largo plazo, más allá de ciclos políticos y tensiones territoriales. En materia de agua, el actual documento [15] incorpora un eje específico de resiliencia hídrica para pueblos y ciudades ante inundaciones y sequías, con líneas de acción ligadas a la planificación hidrológica, la reducción del riesgo de inundaciones, la seguridad y la innovación en cuencas, la eficiencia del ciclo urbano y el refuerzo de la participación social. En paralelo, este proceso ha generado aportaciones y críticas desde distintos actores, incluidas propuestas de organizaciones ambientales[16] para reforzar, entre otras cuestiones, el cumplimiento de caudales ecológicos, la recuperación de acuíferos y humedales y el respeto a los límites del ciclo hidrológico, así como la protección costera frente a impactos climáticos.

En relación con el fenómeno de la sequía, aunque 2024 fue un año húmedo en el conjunto del país, con una precipitación equivalente al 105 % de su valor normal, y que contribuyó a una recuperación progresiva de las reservas, persistió la señal de sequía meteorológica de larga duración iniciada en 2023, si bien con menor intensidad[17]. El año hidrológico 2024-2025, finalizado el 30 de septiembre de 2025, cerró en una situación globalmente favorable, con una reserva hidráulica por encima de la media histórica. No obstante, los indicadores territoriales muestran una realidad heterogénea: el 8,5 % de la superficie peninsular seguía en situación de sequía prolongada, con 16 unidades territoriales afectadas, y el 8,2 % del territorio se encontraba en escenarios de emergencia (2,5 %) o alerta/excepcionalidad (5,7 %) por escasez de agua, concentrándose los casos más graves en dos unidades de la demarcación del Guadiana y una en las cuencas mediterráneas andaluzas[18]. Estos contrastes ponen de manifiesto la necesidad de respuestas diferenciadas y territorializadas en la gestión de la sequía. El repunte pluviométrico y la mejora de los indicadores agregados no deben ocultar las vulnerabilidades persistentes ni traducirse en una relajación de las políticas públicas o en una pausa inversora. Al contrario, el contexto actual ofrece una ventana de oportunidad para reforzar el modelo de gestión, y mejorar la anticipación.

Durante 2024 se desplegaron medidas de mitigación ante los impactos de la sequía[19], pero el hito principal del periodo fue la revisión de los Planes Especiales de Sequía (PES) y sus Estudios Ambientales Estratégicos (EAE), culminada en 2025. La declaración ambiental estratégica (Resolución de 8 de julio de 2025) recoge la actualización de indicadores de sequía prolongada y escasez hídrica, así como de umbrales de activación de fases, conforme a nueva información hidrológica, registros históricos y escenarios climáticos. También incorpora criterios de gestión adaptativa y de coordinación con los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), y refuerza aspectos de gobernanza y participación pública mediante un procedimiento formal de revisión periódica. En diciembre de 2025, a través de la celebración del Consejo Nacional de Agua [20] han quedado refrendados los Planes Especiales de Sequía. Aprobación que no estuvo ajena a reclamaciones y votos en contra, como por ejemplo en el caso de la Cuenca del Segura, donde la Región de Murcia abogaba por criterios homogéneos para el cálculo de los caudales ecológicos y la Región de Castilla-La Mancha por la falta de claridad en la gestión de los trasvases.

Otro punto que se destaca en este periodo es la reapertura del debate sobre la necesidad de una Directiva Europea de sequías, que establezca un marco común para la planificación y prevención de riesgos[21]. También lo reconoce la Estrategia de Resiliencia, que entre sus medidas contempla “Desarrollar indicadores de escasez de agua y orientaciones técnicas sobre los planes de gestión de la sequía” y el principio de la primacía de la eficiencia hídrica, que insta a incorporar la gestión del riesgo de sequía en los planes hidrológicos de cuenca y prepararse para el riesgo de una sequía prolongada.

En cuanto a las inundaciones, la Estrategia de Resiliencia Hídrica resalta la necesidad de un abordaje desde un enfoque estructural, preventivo y sistémico, alejándose de una lógica centrada únicamente en la respuesta a emergencias, incorporando el riesgo de inundación de forma transversal en la planificación hidrológica, la ordenación del territorio y el urbanismo. Esta estrategia busca, a su vez, potenciar el desarrollo e implementación de la Directiva sobre inundaciones (2007/60/CE), que exige a los Estados miembros que identifiquen y cartografíen las zonas propensas a inundaciones y elaboren planes para minimizar el riesgo y los daños potenciales.

En España se registran cada año alrededor de diez episodios graves de inundación urbana, con un aumento sostenido de víctimas y daños materiales. Los episodios de inundaciones de 2024 ocuparon un lugar central en la agenda pública. El 29 de octubre se registró un extraordinario episodio de lluvias torrenciales asociado a una DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia, así como a zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía. El diagnóstico oficial[22] estima que en la Comunitat Valenciana ha sufrido 224 víctimas mortales y 3 desaparecidos, daños en cerca de 18.000 M€, más de 11.000 viviendas afectadas, 350km de cauces en zona afectada, 2 presas dañadas, 2 ETAPs dañadas, 123 EDARs dañadas. Este desastre evidenció que las ciudades y las infraestructuras no están preparadas para responder a eventos extremos de esta magnitud y puso de manifiesto vulnerabilidades estructurales acumuladas, relacionadas a la densa ocupación del territorio con edificaciones e infraestructuras que modifican la dinámica hidrológica natural, los fallos en la alerta temprana a la población y así como la falta de coordinación entre administraciones durante la fase de emergencia y retos complejos como el colapso simultáneo de redes, estaciones de bombeo, depuradoras y plantas potabilizadoras.

Aunque el episodio del 2024 sigue siendo el referente principal, 2025 tampoco ha estado exento de inundaciones y riesgos asociados. Durante marzo de 2025, las borrascas intensas, como la denominada Laurence, dejaron lluvias significativas, desbordamientos de ríos y cortes de carreteras en varias regiones, donde la región más afectada fue Andalucía, donde el temporal dejó tres víctimas mortales. [23] A finales de 2025, la borrasca Emilia con episodios de lluvia intensa continuaron desencadenando riesgos de inundación, con alertas rojas y naranjas en Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.

Entre los principales aprendizajes derivados de los episodios destacan avances pero también carencias en materia de prevención. Se ha reforzado la confianza social en la información meteorológica y en los avisos oficiales, y AEMET señala que los avisos rojos se perciben ahora con mayor seriedad, si bien el reto sigue siendo consolidar esta conciencia a largo plazo. Asimismo, se han impulsado medidas como la modificación del Estatuto de los Trabajadores para proteger a las personas durante episodios de riesgo climático extremo y programas educativos para mejorar la preparación del alumnado ante emergencias como las inundaciones. No obstante, la ordenación del territorio continúa siendo una asignatura pendiente, especialmente en lo relativo a la urbanización en zonas inundables.

Desde el punto de vista normativo y de planificación, la gestión del riesgo de inundación en España se articula en el marco del Real Decreto 903/2010, que traspone la Directiva de Inundaciones y regula a los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) actualmente vigentes para el 2º ciclo de planificación (2022-2027). En paralelo, se ha iniciado el proceso del 3º ciclo de planificación, en septiembre de 2024, la DGA anunció la apertura de la información y consulta pública de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), y en julio de 2025 se inició el proceso de revisión y actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI). Los datos indican que al menos 2,7 millones de personas residen en zonas de alto riesgo de inundación en cuencas intercomunitarias, concentrándose cerca del 59 % de esta población en tres demarcaciones: Guadalquivir, Segura y Júcar.

En conjunto, la experiencia reciente confirma que una gestión eficaz del riesgo de inundación requiere una transformación profunda basada en el conocimiento científico, la coordinación multinivel, la participación ciudadana y una voluntad política sostenida que priorice la prevención frente a la reacción.

El aumento de la complejidad de la descontaminación de las aguas.

La Estrategia de Resiliencia Hídrica reconoce que la contaminación del agua es uno de los mayores desafíos ambientales de la UE, y pone foco en dos áreas de presión: por un lado, los contaminantes químicos persistentes, especialmente las sustancias PFAs[24], cuyo coste sanitario anual se estima entre 52.000 y 84.000 M€, y por otro, la contaminación por nutrientes y plaguicidas, procedente de la agricultura, los vertidos urbanos y las aguas residuales, que genera pérdidas socioeconómicas valoradas entre 75.000 y 485.000 M€/año en la UE.

La Estrategia llama a reforzar la prevención en origen, mejorar el tratamiento de aguas residuales y alinear las políticas agrícolas y químicas con los objetivos de calidad del agua y salud pública. Este enfoque se articula en coherencia con el Plan de Acción de Contaminación Cero, y se traduce en avances regulatorios concretos, como la revisión de las Norma de Calidad Ambiental (NCA) y la ampliación de las listas de sustancias prioritarias y de observación, según Decisión de Ejecución (UE) 2025/439.

En octubre de 2025, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la propuesta de Directiva de NCA revisada, que amplía el número de sustancias reguladas de 45 a 75, incorporando productos farmacéuticos, plaguicidas[25], bisfenoles[26] y compuestos perfluoroalquilados (PFAS y TFA)[27] entre los contaminantes cuya reducción será obligatoria. Esta revisión también establece la obligación de mantener una lista de observación permanente para las aguas subterráneas, con plazos de cumplimiento hasta 2039, prorrogables a 2045 bajo condiciones justificadas. La nueva Directiva introduce la monitorización basada en efectos (Effect-Based Monitoring, EBM), un enfoque innovador que evalúa el impacto de mezclas químicas en los ecosistemas. A nivel nacional, estos cambios en las NCA se están abordando mediante la tramitación de una Orden Ministerial, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 817/2015 sobre los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y normas de calidad ambiental.

En paralelo se resaltan otras iniciativas para la protección de la calidad de las aguas. Por un lado, la revisión de la Directiva UE 91/676/CEE de Nitratos que lazó su último proceso de consulta en mayo 2024. Varias organizaciones españolas han comentado sobre la variación de los límites propuestos y la necesidad de contar con el informe de evaluación del cumplimiento de la Directiva.[28] Por otro lado, la aprobación de la Directiva TARU 2024/3019 sobre tratamientos de aguas residuales urbanas, supone un cambio de paradigma en la gestión del saneamiento y depuración. Su alcance abarca todas las aglomeraciones urbanas de la UE, con requisitos específicos según su tamaño y sensibilidad ambiental. Esta directiva introduce metas más ambiciosas de tratamiento avanzado para eliminar microcontaminantes (cuaternario), la obligación de lograr la neutralidad energética del sector en 2040 y la aplicación del principio de quien contamina paga (Responsabilidad ampliada del productor) para los sectores farmacéutico y cosmético. Además, amplía el control a los sistemas de aguas pluviales y mejora la transparencia, la vigilancia sanitaria y la gestión basada en datos.

La trasposición de la Directiva TARU al marco nacional plantea una oportunidad para transformar de manera estructural la gestión del saneamiento y la depuración en España. Los antecedentes del país por incumplimiento[29] de la anterior Directiva 91/271/CCE sobre aguas residuales, especialmente en municipios de pequeño y mediano tamaño, y las multas recibidas[30], subraya la urgencia de establecer estrategias claras de actuación para no arrastrar los errores del pasado. Entre las recomendaciones para la trasposición e implementación de la Directiva TARU elaboradas por el comité técnico de Agua y Economía Circular de CONAMA 2024, se destaca la necesidad de aplicar estrategias diferenciadas según la escala territorial y la capacidad de las aglomeraciones urbanas, priorizando soluciones técnicas y financieras bajo enfoques solidarios adaptados a los pequeños municipios. Destaca las complejidades a resolverse para el desarrollo de un modelo de responsabilidad ampliada del productor (RAP) justo, así como también las oportunidades que existen ante las coincidencias normativas en la gestión de desbordamientos. También se destaca la importancia de la innovación para avanzar hacia modelos de biofactorías que integren la recuperación de recursos, energía y nutrientes en las estaciones depuradoras. Se subraya la importancia de reforzar la coordinación multisectorial para promover el sistema de vigilancia y el fortalecimiento de la gobernanza del sector con la definición de roles de regulación. La futura aplicación de la TARU obligará a los Estados miembros a elaborar Planes Nacionales de Implementación coherentes con los programas de medidas de los planes hidrológicos, donde se definan las inversiones necesarias y las prioridades territoriales.

La complejidad técnica y jurídica de la gestión de los lodos, también es un punto a resolver para avanzar hacia la calidad de los suelos y las aguas. La clasificación de los lodos de EDAR como residuos o subproductos sigue generando debate jurídico. Actualmente, los lodos se incluyen en el Listado Europeo de Residuos (LER), con destinos regulados como valorización agrícola, valorización energética, incineración y vertido. En noviembre de 2025 estuvo abierto el proceso de consulta pública sobre el nuevo proyecto de Real Decreto sobre la regulación de los lodos de depuración en el sector agrario. Con esta modificación normativa se pretende fusionar el Real Decreto 1310/1990 con la Orden AAA/1072/2013, incorporando el contenido de esta última como anexo al Real Decreto. Esto permitirá consolidar en un único texto normativo la regulación aplicable al uso de lodos en el sector agrario, facilitando su interpretación y aplicación.

Innovaciones para la arquitectura financiera del sector.

El agua se está convirtiendo en un factor financiero cada vez más importante para las empresas, los inversores y los gobiernos y, por ello la Comisión, está impulsado un nuevo marco de financiación orientado a reforzar la resiliencia hídrica y climática. La Estrategia de Resiliencia Hídrica sitúa la financiación, las inversiones y las infraestructuras como uno de sus cinco ámbitos de acción prioritarios, subrayando que el cumplimiento de la legislación vigente sobre el agua requiere inversiones adicionales estimadas en 23.000 M€ anuales en la UE. Para abordar esta brecha, se busca promover la colaboración con instituciones financieras y la movilización de capital privado mediante financiación combinada, bonos verdes y azules, y modelos innovadores.

En este contexto, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha lanzado el Programa de Agua y Mecanismo de Asesoramiento sobre el Agua Sostenible, dotado con 15.000 M€ para el periodo 2025–2027, destinado a financiar proyectos de eficiencia, digitalización, reutilización y restauración de ecosistemas acuáticos. España figura entre los países con mayor potencial de captación de estos fondos, dada su exposición a los riesgos de sequía e inundación y la necesidad de fortalecer su resiliencia hídrica.

Otra novedad en el ámbito financiero del sector es la implementación de la Directiva TARU y la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). En el informe de actualización de los costes del tratamiento de aguas residuales cuaternarias de la JRC, se indica que el coste anual esperado para cumplir plenamente la Directiva en 2045 se sitúa entre 1.480 y 1.800 M€. Según la Directiva, al menos el 80% de estos costes deberán ser asumidos por los sectores farmacéutico y cosmético, garantizando que se cubran la eliminación de los residuos persistentes tras las fases convencionales y que hasta ahora no eran tratados en las EDAR. Persisten debates sobre el 20 % restante, cuya definición sin coordinación europea podría generar desigualdades y distorsiones en el mercado. Se advierte, además, que, a diferencia de otros esquemas de RAP, como los aplicados a residuos, donde el principio de generalidad es la base, el enfoque en aguas residuales se ha limitado a sectores específicos (cosmético y farmacéutico), dejando fuera una gama más amplia de responsables como detergentes o pesticidas, aunque regulados por otras normativas, también contribuyen a la presencia de microcontaminantes en las aguas residuales.

En el plano Nacional, el principio de recuperación de costes, establecido en el artículo 9 de la DMA continúa siendo objeto de debates recurrentes. Entre los argumentos más citados para avanzar en una revisión del sistema tarifario se encuentran el hecho de que el precio del agua en España se sitúe aproximadamente un 45 % por debajo de la media europea[31] y que la factura del agua represente en torno al 0,8 % del presupuesto familiar en algunos casos, ya que en otros están por encima del umbral del 3% marcado por la ONU [EP1] como referencia de asequibilidad. A ello se suma una elevada fragmentación competencial y una notable heterogeneidad en la fijación de tarifas[32], lo que ha llevado a los operadores a reclamar la creación de un ente regulador independiente que aporte criterios técnicos homogéneos. En el XVIII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento, presentado por DAQUAS, se estima alrededor de 8.100 M€ anuales para garantizar el cumplimiento de las medidas del ciclo urbano en los planes de cuenca, la renovación de infraestructuras y el cumplimiento de las crecientes exigencias ambientales y en donde a su vez, se identifica un déficit de inversiones 4.485 M€ que podría cubrirse con una ampliación de la tarifa del agua hasta 4,69€/m3.

Otra lección aprendida para el sistema financiero del sector es que el costo de la reconstrucción es diez veces superior al costo de la prevención[33] y eso quedo reflejando en las cifras de daños y en los presupuestos de recuperación destinados a las zonas afectadas por la DANA en octubre de 2024. Este evento fue el más costoso jamás registrado en España para las aseguradoras, según el Barómetro de Catástrofes 2024 presentado por la Asociación Clúster de Catástrofes. En paralelo este evento ha reflejado las alternativas de financiación que pueden activarse y coordinarse desde el ámbito europeo[34], el gobierno nacional[35], y el gobierno autonómico[36].

También es importante reconocer que comienzan a cobrar relevancia los enfoques de financiación combinada, de modelos innovadores como el agua como servicio y de ecosistemas estructurados para bonos verdes y azules. En este sentido se destaca la aprobación de la Hoja de ruta de los créditos de la naturaleza de la CE, una guía para aprovechar el potencial de estos instrumentos e incentivar la expansión de estos mercados. Asimismo, se destaca que entidades financieras[37] están desarrollando respuestas ante los impactos del cambio climático y están incorporando cada vez más la huella hídrica como criterio de evaluación de riesgo y sostenibilidad en las inversiones[38]. También se están desarrollando plataformas[39] para facilitar un “mercado voluntario” conectando proyectos de impacto positivo en agua con organizaciones que buscan avanzar en custodia del agua.

Otro elemento interesante en la arquitectura de la financiación del sector es el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) un instrumento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En su Memoria 2024 indica que las donaciones aportadas hasta 2024 por el FCAS ascienden a los 815,91 M€ y que estas aportaciones han servido para movilizar otros 827,65 M€ entre aportación local y otras aportaciones, logrando una inversión total de 1.643,56 M€. En este contexto de cooperación se destacan otras dos iniciativas: El Partenariado español del agua, impulsado desde el MITECO para reforzar la acción internacional del sector del agua español en todos los ámbitos de cooperación global y regional; y la Plataforma española de cooperación en agua, saneamiento e higiene – PECASH, como plataforma específica para el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible. Estas iniciativas configuran una arquitectura que conecta resiliencia hídrica, política exterior y competitividad, facilitando la proyección internacional de soluciones técnicas y modelos de gestión desarrollados en España.

La restauración de la naturaleza: infraestructuras para la resiliencia hídrica

La Estrategia de Resiliencia Hídrica reconoce explícitamente la restauración de los ecosistemas La recuperación de zonas inundables y humedales no solo reduce el riesgo de inundaciones, sino que incrementa la capacidad de almacenamiento natural del agua y contribuye a mitigar los efectos de las sequías. En este marco, la restauración de los ecosistemas acuáticos debe entenderse como inversiones estratégicas en resiliencia ambiental y económica.

La restauración ecológica de los ecosistemas acuáticos se ha convertido en una obligación legal con la aprobación del Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que exige a los Estados miembros restaurar al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y acuáticos degradados antes de 2030, y todos aquellos que lo requieran antes de 2050. Entre sus objetivos específicos se incluyen la restauración y reconexión de 25.000 km de ríos en la UE, la eliminación de barreras artificiales obsoletas, la recuperación de humedales y la mejora de la conectividad ecológica de las masas de agua. Este reglamento constituye uno de los pilares del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia de Biodiversidad 2030. Asimismo, se subraya la necesidad de integrar plenamente la resiliencia hídrica y climática en los Planes Nacionales de Restauración, cuyo proceso de diseño está siendo coordinado por el MITECO y cuyo primer borrador está previsto para agosto de 2026.[40]

A escala nacional, este nuevo marco refuerza y da coherencia a planes y estrategias ya existentes orientados a la restauración y protección de los recursos hídricos, como la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR, 2022), el Plan Estratégico de Humedales (PEH, 2022) y el Plan de Acción de Aguas Subterráneas (PAAS, 2023).

En lo que respecta a la restauración de ríos, la ENRR incorpora un total de 28 indicadores de progreso[41] y un presupuesto estimado de 2.500 M€, financiado mediante la coordinación de múltiples fondos, entre los que se destacan Next Generation EU[42]. En el proceso de implementación se identifica que una de las principales barreras es la complejidad jurídica, técnica y social asociada a la eliminación de infraestructuras obsoletas, como presas y azudes en desuso[43]. En este contexto, se han impulsado iniciativas relevantes, como la campaña del MTECO frente a la desinformación sobre el desmantelamiento de embalses, el inventario de presiones hidromorfológicas disponible en el GeoPortal o la actualización de la base de datos de recursos culturales del Dominio Público Hidráulico. Según el informe de seguimiento de la ENRR en solo dos años (2023–2024) se han restaurado 737 km de cauces, lo que supone cerca del 93% de todo lo restaurado entre 2005 y 2022. Este avance desplaza el reto desde la cantidad de proyectos hacia la necesidad de garantizar su mantenimiento a largo plazo y de mejorar la medición y evaluación de la recuperación de procesos hidrológicos y ecológicos complejos. En esta línea, las confederaciones hidrográficas están promoviendo fórmulas de custodia fluvial y cofinanciación público-privada[44], alineadas con el principio de corresponsabilidad recogido en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

En el ámbito de las aguas subterráneas, la modificación del RDPH mediante el Real Decreto 665/2023 refuerza el marco de protección, introduciendo medidas frente a episodios de contaminación puntual y alteraciones hidromorfológicas, así como facilitando la recarga artificial de acuíferos en zonas deficitarias. No obstante, el seguimiento del PAAS identifica retos persistentes, como el incumplimiento del buen estado químico, especialmente por nitratos y contaminantes emergentes, la limitada representatividad de las redes de control, la escasa integración operativa de la conexión río-acuífero y la falta de indicadores específicos para evaluar la recuperación funcional de esta conexión. A ello se suma la necesidad de una mayor visibilidad pública del papel estratégico de las aguas subterráneas en la seguridad hídrica

En cuanto a los humedales, el Plan Estratégico aprobado en 2023 consolida un cambio de enfoque al considerarlos infraestructuras naturales clave para la regulación hidrológica, la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgos de inundaciones y sequías. Entre las medidas destacadas figuran el uso de aguas regeneradas como apoyo a la restauración, así como el desarrollo de criterios de priorización de inversiones. Persisten, sin embargo, retos como la elaboración y aplicación de la Guía metodológica de restauración de humedales y el establecimiento de indicadores homogéneos que permitan evaluar su funcionamiento hidrológico y ecológico de forma sistemática.

La gestión integrada de sedimentos constituye otro componente esencial de los ecosistemas acuáticos, al contribuir al equilibrio morfológico de ríos y costas, mejorar la calidad del agua y mitigar los efectos de las avenidas. En 2023 se publicaron las Directrices Europeas de Gestión de Sedimentos, que promueven un enfoque a escala de cuenca. La ENRR incorpora medidas específicas para caracterizar la dinámica sedimentaria, con un presupuesto de 15 M€, que, aunque representa solo el 0,6 % del total de la estrategia, supone un primer paso hacia una gestión más integrada.

Las presas y embalses representan uno de los ámbitos más controvertidos en la intersección entre restauración de la naturaleza y seguridad hídrica. España ha desarrollado históricamente un modelo intensivo en infraestructuras hidráulicas, con más de 1.200 grandes presas y una capacidad de almacenamiento cercana a los 56.000 hm³. Dado que una parte significativa de estas infraestructuras es anterior a 1960, el foco se desplaza desde la expansión hacia la conservación, rehabilitación y adaptación. Las Líneas de actuación para la mejora de la seguridad de presas y embalses 2023–2033 establecen un marco con 95 medidas que integran los retos del cambio climático, la biodiversidad y la transición energética. La aplicación del Reglamento europeo de Restauración de la Naturaleza refuerza este cambio de paradigma, al priorizar la continuidad fluvial, los caudales ecológicos y la gestión de sedimentos, lo que obliga a reevaluar el papel de determinadas presas según su utilidad, impacto ambiental y contribución real a la resiliencia territorial. Al mismo tiempo, emergen nuevas dimensiones estratégicas, como el papel de los embalses reversibles en el almacenamiento energético y la incorporación de la huella hídrica en la planificación energética, evidenciando que el reto no es binario (infraestructura sí o no), sino avanzar hacia una gestión más selectiva, adaptativa y coherente.

La transición hacia una gestión más naturalizada del agua afronta desafíos institucionales, financieros y sociales, pero abre una oportunidad estratégica sin precedentes. La convergencia entre los instrumentos nacionales de planificación hídrica y ambiental ofrece un marco coherente para integrar la conservación de la biodiversidad, la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático. No obstante, existe el riesgo de que estos avances queden en el plano declarativo si no se refuerzan la gobernanza multinivel, la coordinación administrativa y los mecanismos de seguimiento. El éxito de esta transición depende de varios factores, pero sobre todo de la capacidad de construir una narrativa pública que reconozca a los ecosistemas acuáticos como infraestructuras naturales esenciales para el bienestar social, la reducción de riesgos, la competitividad territorial y la sostenibilidad a largo plazo del país.

El paradigma de la digitalización: oportunidades y retos

“La digitalización tiene el potencial de revolucionar la gestión hidrológica y fomentar un uso sostenible del agua”, así lo reconoce la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica y que incorpora a la digitalización como uno de los pilares más transformadores de su hoja de ruta, poniendo un foco especial en la eliminación de los obstáculos a la digitalización del sector, estructurado en dos pilares: el primero, orientado al despliegue de soluciones digitales, la financiación y la transferencia tecnológica; y el segundo, enfocado en mejorar el intercambio y la interoperabilidad de los datos hídricos, mediante el desarrollo de portales nacionales y sistemas abiertos de información. Entre las acciones emblemáticas previstas hasta 2026, se destaca la creación de un Centro Temático de Copernicus sobre el Agua, concebido como plataforma europea de referencia para la monitorización, el intercambio de datos y el apoyo a la toma de decisiones en materia hídrica.

A nivel nacional se ha estado impulsando la digitalización a través del PERTE de Digitalización del ciclo del agua impulsado por el MITECO desde 2022 para modernizar la gestión hídrica mediante tecnologías de la información, inteligencia artificial y análisis avanzado de datos. Desde su puesta en marcha, el programa ha financiado más de 400 proyectos. La tercera convocatoria en 2025, con una dotación de 50 M€, recibió propuestas por valor de 521,1 M€, lo que evidencia una demanda muy superior a los fondos disponibles y confirma un punto de inflexión en la modernización del sector. Las críticas a la implementación se centran en que los criterios de elegibilidad resultaron excesivamente restrictivos, especialmente el requisito de atender a más de 20.000 habitantes y evidenció una falta de alineación con la realidad municipal española, donde el 80% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes. A ello se suma la elevada complejidad administrativa y la carga documental exigida, con requisitos técnicos difíciles de cumplir El sector advierte, además, que esta complejidad puede ralentizar la ejecución de los proyectos y comprometer el cumplimiento de los plazos del PRTR, fijados para mediados del 2026[45]. Un análisis de la implementación de estos programas resalta que solo el 3 % del presupuesto se destina a formación y capacitación, acciones que son clave dar sostenibilidad a las inversiones realizadas.

La digitalización del sector del agua se entrecruza además con la expansión de la economía digital y, en particular, de los centros de datos. En cumplimiento de la Directiva (UE) 2023/1791 sobre eficiencia energética, el MITECO ha sometido a información pública el Proyecto de Real Decreto sobre eficiencia y sostenibilidad de los centros de datos, que establece la obligación de reportar anualmente indicadores de consumo energético, huella hídrica, uso de refrigerantes, origen de la energía y empleo generado. Según la patronal Spain DC, España cuenta actualmente con 45 centros de datos operativos, concentrados principalmente en Madrid, Aragón y Cataluña, con una potencia instalada superior a 150 MW. La elevada demanda de agua para refrigeración en estas instalaciones plantea tensiones adicionales en territorios con estrés hídrico. En este contexto, la Especificación UNE 0086:2025 introduce un marco común para evaluar el impacto ambiental de los sistemas de inteligencia artificial, incorporando la medición del consumo de agua junto a la huella de carbono y el rendimiento energético. Asimismo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento ha advertido en su informe sobre el nexo agua-energía que los centros de datos deben considerarse consumidores significativos de agua en la planificación hidrológica y energética, llegando incluso a plantear una moratoria en su expansión hasta disponer de una evaluación completa de sus impactos.

Otra pieza clave en el avance de la digitalización del ciclo del agua es la creación del Observatorio de la Gestión del Agua en España, concebido para proporcionar información sistemática y fomentar la transparencia en la gestión hídrica. Su establecimiento se oficializó mediante el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, que aprueba el Reglamento de Reutilización del Agua y modifica diversas normas sobre gestión hídrica. Este decreto define los objetivos y funciones del Observatorio, y lo vincula a acciones operativas como la obligación de que las autoridades competentes y usuarios remitan información sobre la aplicación del reglamento de Reutilización antes del 31 de diciembre de 2025. Asimismo, introduce el Sello de Gestión Transparente del Agua, un distintivo público que reconocerá a las entidades que cumplan con los principios de transparencia y buena gestión.

Otra novedad en este marco es el lanzamiento del Video podcast “Conexión Agua”,v impulsado por el MITECO para divulgar las iniciativas y actuaciones del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

Gobernanza como palanca de cambio

En la Estrategia de Resiliencia Hídrica la gobernanza es un pilar clave, y plantea el objetivo de reforzar un sistema de gestión del agua multinivel y multisectorial. Se que la resiliencia hídrica ya está recogida en el acervo normativo europeo y, por ello, subraya la necesidad de mejorar su aplicación[46] y de fortalecer las sinergias con políticas sectoriales como la agricultura, la energía, la industria o el transporte. En este sentido, algunas valoraciones críticas señalan que la Estrategia no debe interpretarse como un instrumento sustitutivo, sino como un marco integrador que actúe como catalizador de los esfuerzos existentes.

La Estrategia de Resiliencia se apoya, además, en compromisos, estrategias y plataformas internacionales para reforzar su implementación. Entre ellos destaca la Estrategia Global Gateway [47], un instrumento de la UE para fortalecer su competitividad y proyección global. También se busca fortalecer la contribución europea a Agenda de Acción por el Agua [48], así como en el impulso de una red de enviados europeos de cara a la próxima Conferencia de las naciones Unidas por el agua en 2026 [49]. De forma complementaria, se prevé el refuerzo de alianzas regionales, subrayando la puesta en marcha de un nuevo Pacto por el Mediterráneo [50], orientado a abordar la creciente escasez hídrica y los impactos del cambio climático en la región.

A escala nacional, el modelo multinivel de la gobernanza del agua bien valorado, aunque con crecientes dificultades de coordinación. Por ejemplo, la última sesión del Consejo Nacional del Agua (CNA)[51] tuvo varias críticas desde un reclamo de mayor transparencia de las discusiones y decisiones hasta rechazos y oposiciones a los documentos aprobados[52].

De forma recurrente, se plantea la necesidad de una Autoridad Nacional Reguladora que permita homogeneizar criterios tarifarios, garantizar la calidad del servicio con criterios a escala nacional. Se identifica, además, la burocracia administrativa como un cuello de botella que limita la ejecución de inversiones incluso cuando existen recursos disponibles, lo que refuerza la conveniencia de implicar a nuevos perfiles como Abogados del Estado e interventores para agilizar procedimientos y aportar seguridad jurídica[53]. El fortalecimiento de la gobernanza pasa también por la actualización del marco normativo, en este sentido se identifica una iniciativa legislativa popular para reformar la Ley de Aguas, surgida tras la DANA de Valencia, que plantea reforzar la inversión, priorizar la protección de la vida humana y elevar la exigencia de capacidad técnica y profesionalización en los cargos responsables de la gestión del agua.

En el ámbito autonómico, algunas comunidades han avanzado en la creación de espacios estables de coordinación y diálogo, orientados a mejorar la respuesta institucional ante los impacticos del cambio climático. Destaca la Mesa Social del Agua de Andalucía, concebida como un foro permanente para articular respuestas compartidas frente a crisis prolongadas y mejorar la coordinación entre agentes implicados. Asimismo, en Cataluña, la Cumbre Social del Agua, desarrollada en el contexto de la sequía 2021–2023, funcionó como un espacio de consenso que permitió formular un decálogo de propuestas orientadas a reforzar la gestión de la escasez hídrica desde una perspectiva social, territorial y de corresponsabilidad. El reciente Observatorio de Inundabilidad de Cataluña, constituido en octubre de 2025, nace como respuesta a la urgencia de anticipar riesgos. Aunque es un órgano asesor sin capacidad ejecutiva, su valor radica en generar conocimiento útil y promover la coordinación entre administraciones, expertos y territorio.

La complejidad del escenario hídrico actual exige una gobernanza más flexible y adaptativa, capaz de superar las limitaciones de los enfoques tradicionales en la asignación del recurso, la definición de tarifas y la planificación hidrológica. En este contexto, se pone en valor la sesión técnica sobre gobernanza del agua en CONAMA 2024 en donde a través de un taller inmersivo con tecnologías emergentes, se analizó la reforma de los acuerdos de asignación, la gestión del riesgo y los impactos socioeconómicos, poniendo en valor el diálogo inclusivo apoyado en datos.

La gestión de la comunicación constituye otro elemento central de la gobernanza. El sector sigue teniendo dificultades para trasladar a la ciudadanía información clara sobre el funcionamiento del ciclo del agua, los costes reales del servicio y las implicaciones ambientales y sociales. Como refleja el informe El agua en España: opiniones, actitudes y prioridades de los ciudadanos, esta desconexión alimenta percepciones distorsionadas, debilita la legitimidad de las políticas públicas y dificulta la aceptación de inversiones, innovaciones o revisiones tarifarias. El estudio pone de manifiesto una marcada asimetría en los niveles de confianza: mientras la comunidad científica mantiene una alta credibilidad, las instituciones públicas y las empresas del sector del agua presentan niveles más bajos. Esta brecha refuerza la necesidad de avanzar en mecanismos de transparencia, participación y rendición de cuentas, apoyados en estrategias de comunicación más eficaces que ayuden a superar la percepción del agua como un recurso inagotable o de bajo valor económico.

Reflexiones finales

El análisis de la actualidad de las políticas del agua en España muestra con claridad que la resiliencia hídrica se ha convertido en un eje estructural de la seguridad, la competitividad y la cohesión territorial. La Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica es el principal instrumento para contribuir a integrar el agua en las agendas climática, industrial, energética y social, y a situar la eficiencia, la prevención y la restauración del ciclo hidrológico como principios rectores de la acción pública.

El inicio del 4º ciclo de planificación hidrológica coincide con un escenario marcado por una mayor incertidumbre climática, nuevas demandas asociadas a la transición energética y digital, y una exposición creciente a fenómenos extremos. Este marco exige revisar paradigmas tradicionales de asignación del recurso, reforzar la primacía de la eficiencia hídrica y avanzar hacia instrumentos de planificación más flexibles y adaptativos, capaces de integrar el riesgo de sequía e inundación de forma estructural y territorializada.

Los retos sociales, técnicos-normativos, financieros, así como los asociados a la transición digital del sector, para garantizar la resiliencia hídrica ponen de relieve la necesidad de una arquitectura financiera sólida y de una gobernanza multinivel y multisectorial más eficaz. La movilización de recursos nacionales como europeos, la aplicación del principio de recuperación de costes, el desarrollo de instrumentos financieros innovadores y el refuerzo de la cooperación internacional serán determinantes para cerrar la brecha de inversión y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la resiliencia hídrica de forma equilibrada en el territorio.

El momento actual ofrece una ventana de oportunidad para alinear planificación, financiación, restauración, digitalización y gobernanza en torno a una visión compartida de resiliencia hídrica.

[1] Anuncio en el BOE de la Dirección General del Agua con el que se inicia el periodo de consulta e información pública de los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica (revisión para el ciclo 2028-2033)

[2] Teniendo en cuenta tanto la calidad como la cantidad del agua, para ello apuesta por la aplicación efectiva de Directivas existentes como la DMA y la Directiva de Inundaciones.

[3] Este Dictamen se sustenta en la evaluación del impacto territorial (EIT) de la Estrategia que muestra las implicaciones territoriales sustanciales pero desiguales de las medidas de resiliencia hídrica en todas las regiones de la UE, demostrando la necesidad de objetivos diferenciados y adaptados a nivel regional y vías de aplicación basadas en las condiciones, particularidades y de gobernanza locales.

[4] Se pueden observar varios posicionamientos de interés en los siguientes enlaces:

· ¿Mejorará una nueva estrategia la gestión del agua en Europa? | Euronews

· European Water Resilience Strategy: sinking ambitions on pesticide pollution | PAN Europe

· Not flowing, not funded: EU Water Resilience Strategy falls short

· LRE-Letter-to-Environment-Ministers-on-water-resilience_July-2025.pdf

· Making Europe water and climate resilient

[5] El gobierno portugués presentó el pasado 9 de marzo la estrategia nacional "Agua que Une", un ambicioso plan de 5.000 millones de euros hasta 2030 para mejorar la gestión del agua en el país.

[6] Los documentos iniciales se componen de programa, calendario, estudio general sobre la demarcación y fórmulas de consulta.

[7] La Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, establece en su artículo 7 que, con el fin de cumplir los objetivos de desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica con energías renovables, las nuevas concesiones de agua deberán priorizar la integración de tecnologías renovables, en especial mediante centrales hidroeléctricas reversibles que sean compatibles con los objetivos ambientales y los regímenes de caudales ecológicos fijados en los planes hidrológicos de cuenca.

[8] Según datos del PNIEC 2023–2030, la capacidad instalada de hidrógeno verde podría alcanzar los 11 GW en 2030, lo que requerirá un volumen significativo de agua, aproximadamente 35 litros por kilogramo de hidrógeno producido. Actualmente en la demarcación del Duero se están tramitando tres concesiones para uso de agua para producción de hidrógeno verde de cerca de 4 hm3/año.

[9] El auge de la economía digital ha impulsado la construcción de macrocentros de datos, especialmente en Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, donde se estima un consumo agregado de agua superior a 3 millones de m³ anuales, principalmente para sistemas de refrigeración.

[10]Según los Principios de primacía eficiencia Hídrica, en la PH se debería definir caudales ecológicos, teniendo en cuenta las necesidades del agua subterránea. Además, aplicar los caudales ecológicos de manera efectiva y considerarlos de manera sistemática como requisito para obtener permisos de uso del agua.

[11] El Mapa de conflictos del Agua en España, una iniciativa de Ecologistas en Acción identifica al menos 70 conflictos por el agua en los territorios, entre ellos, conflictos causados por contaminación por vertidos urbanos e industriales en el 27% de los casos, por infraestructuras y alteraciones morfológicas en el 26% de los casos, por sobreexplotación causada por agricultura y ganadería intensiva en el 16% y por contaminación por nitratos y plaguicidas en el 15%.

[12] Falsas expectativas de sus sostenible del agua en las cuencas mediante la modernización del regadío. WWF España, 2022 informe_wwf_modernizacion_regadios.pdf

[13] Sentencia que resuelve el recurso contencioso-administrativo en relación con las aguas desalinizadas siendo las partes la Administración General del Estado y la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha.

[14] De los 141 identificados a escala nacional: el riesgo de daños por sequías extremas de larga duración, el riesgo de daños por inundaciones pluviales y fluviales, y el riesgo para los diferentes usos y demandas por la reducción de la disponibilidad de recursos hídricos en cantidad y calidad suficientes.

[15] El Gobierno presentó una nueva propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática el 17 de diciembre de 2025, resultado de un proceso participativo que ha contado con más de 1.300 actores y casi 4.000 aportaciones

[16] Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han generado una serie de recomendaciones para la construcción del Pacto.

[17] Según el informe sobre el estado del clima de España 2024, se registraron a lo largo del año 31 récords de días cálidos y ningún récord de días fríos, cuando lo esperable en un clima sin alterar hubieran sido cinco récords de cada. Se batieron récords de temperatura diaria en zonas del Mediterráneo y de Canarias.

[18] Se destacan dos buenas prácticas en temas de visualización de datos de sequía, La DGA mensualmente ofrecen informes y mapas de sequía y escasez. La RTVE expone semanalmente los datos del boletín hidrológico del MITECO.

[19] El Real Decreto-ley 4/2023, de apoyo financiero al sector agrario con un paquete de ayudas de 1.400 M€. El refuerzo para la desalación y regeneración como fuentes complementarias, mediante licitaciones de ACUAMED y fondos del PRTR. Las CCAA han activado estrategias extraordinarias como “Sequía Plus” o el transporte marítimo de agua.

[20] El órgano superior de consulta y participación, integrado por representantes de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, organismos de cuenca, entes locales, usuarios como regantes y diversas organizaciones y expertos individuales

[21] Entidades como la AEOPAS han instado a la Comisión Europea a impulsar una norma que fije criterios homogéneos para declarar la sequía, definir estándares mínimos para los planes de emergencia y garantizar la prioridad del abastecimiento urbano.

[22] Diagnóstico base del Plan ENDAVANT, que tiene el objetivo de consolidar la recuperación económica y social de la zona afectada por la DANA de 2024 mediante un conjunto de actuaciones sobre cuatro pilares estratégicos: personas, tejido empresarial y económico, medio ambiente, y tejido social y comunitario, sustentados por una base vertebradora de infraestructuras y planificación territorial.

[23] Según AEMET, Laurence fue la decimosegunda borrasca de gran impacto de la temporada 2024-2025,

[24] Para finales de 2025, la Comisión prevé adoptar una restricción sobre el uso de todas las PFAS en espumas antiincendios, una de las principales fuentes de emisión de estas sustancias.

[25] En la propuesta se establece una norma de suma de para plaguicidas ya catalogados como sustancias prioritarias. Para el herbicida glifosato establece el valor máximo de 398,6 microgramos por litro, muy por encima de lo establecido en España, donde existe un estándar de calidad para el glifosato y su metabolito el AMPA, de 0,1 microgramos/litro y 0,5 para AMPA.

[26] El bisfenol A pasa a ser considerado una sustancia peligrosa prioritaria

[27] sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), (también llamados forever chemicals por su persistencia), la propuesta de actualización incluye en la lista de prioritarias a un grupo de 24 PFAS. El ácido trifluoroacético TFA: un producto de degradación de los plaguicidas PFAS, es el más extendido en Europa. se añadirá a las 24 PFAS

[28] Propuestas y comentarios a la revisión de la Directiva de Nitratos: Nitratos: normas actualizadas sobre el uso de determinados materiales fertilizantes procedentes del estiércol (RENURE)

[29] En diciembre de 2025 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una nueva sentencia en la que declara que España ha vulnerado de forma reiterada la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas. La Comisión Europea solicita que se imponga una multa de 46.522.999 € y propone también una multa diaria de 171.217,40 € si no se logra el cumplimiento en la fecha.

[30] La multa por la depuración de aguas residuales acumula más de 90 millones de euros hasta 2026 y es considerada una de las más prolongadas e importantes de España. En 2018, el TJUE impuso una multa a tanto alzado de 12 M€ euros y una multa coercitiva semestral inicialmente fijada en 10,95 M€ (posteriormente ajustada a 10,3 M€). Hasta 2022 se habían abonado 71,7 M€. La entrada en funcionamiento de infraestructuras como Gijón-Este e Isla Cristina permitió reducir la multa semestral a 3,1 M€, al constatarse avances en el cumplimiento.

[31] En España media 1,92 € por m3, frente a los 3,10€ de la media europea.

[32] La aprobación de las tarifas está a cargo de los municipios. Algunos han hecho incrementos sustanciales entre el 20% y 30%. En otras ocasiones el aumento está supeditado a la situación política y periodos electorales.

[33] Las medidas de protección contra inundaciones son hasta diez veces más rentables que la reconstrucción tras un desastre, según un informe de Swiss Re Institute

[34] La Comisión Europea activó un paquete extraordinario de 1.600 M€, procedentes del Fondo de Solidaridad y del mecanismo RESTORE, destinados a la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por la DANA.

[35] El Gobierno aprobó un paquete de medidas para reparar los daños y reforzar la resiliencia frente a futuros temporales. Entre ellas destaca el plan post-DANA del MITECO, dotado con 335 M€. En paralelo, el Consejo de Ministros autorizó más de 700 M€ para financiar ayudas y subvenciones vinculadas a la DANA, incluyendo créditos extraordinarios para entidades gestoras de abastecimiento y saneamiento.

[36] La Generalitat Valenciana entregó al MITECO su Plan frente a Inundaciones, una estrategia de 2.390 M€ que combina infraestructuras hidráulicas, sistemas de alerta y soluciones basadas en la naturaleza.

[37] En el marco de la jornada “Resiliencia del agua para la resiliencia económica en le contexto del cambio climático” organizado por el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, entidades como Caixabank, BBVA y Cajamar presentaron actuaciones que están llevando a cabo para fomentar la sostenibilidad de sus carteras. Conclusiones

[38] Entidades como BBVA ha creado un préstamo sostenible que pone el foco en la reducción de la huella hídrica e Iberdrola ha sido la primera empresa en formalizar esta solución. Más info

[39] Act4water es una iniciativa que ha desarrollado los Créditos de Agua Positiva y el Act4water Estándar Sobre nosotros – Act4Water

[40] El MITECO lidera el diseño del Plan Nacional de Restauración, a través de un proceso de participación pública con grupos de trabajos inter autonómicos, con áreas de la AGE, y participación pública con ONGs, OPAs, profesionales, sector empresarial, investigadores y público general.

[41] El seguimiento e implantación de las medidas de la ENRR se encuentran en los informes anuales de seguimiento de los planes hidrológicos de cuenca y en los planes de gestión del riesgo de inundación

[42] La ejecución e implementación de las medidas de la ENRR se materializan a través de los Programas de medidas de los Planes Hidrológicos y los Planes de gestión de riesgo de inundación. Las Fuentes de financiación más relevantes están asociados a PRTR, FEADER, Programas LIFE, FER, presupuestos de CCAA y Ayuntamientos. Más info

[43] Según el informe de seguimiento de la ENRR se inició inventario de cauces públicos que se someterá a consulta pública, en él se exponen una primera aproximación de cifras como: 24.174 Tramos fluviales con cartografía DPH en el SNCZI (km); 19.223 Barreras transversales; 13.655 Km de barreras longitudinales.

[44] Los datos actualizados a cierre de 2024 incluyen los convenios de custodia suscritos por las Demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir (1), Júcar (5) y Segura (1).

[45] Límite de Fondos NextGenerationEU: La Comisión Europea exige que todos los desembolsos de los fondos de recuperación finalicen en diciembre de 2026, lo que obliga a que todas las solicitudes de pago finales se gestionen antes de agosto de dicho año.

[46] Se resalta que varios Estados miembros no siguieron debidamente las recomendaciones formuladas por la Comisión en 2019 al preparar sus planes hidrológicos de cuenca y sus planes de gestión del riesgo de inundación.

[47] Estrategia europea para hacer frente a los retos mundiales más acuciantes y movilizar hasta 300.000 M€ de inversiones para proyectos sostenibles y de alta calidad. (Enfoque competitividad y seguridad) mediante inversiones en gobernanza, conocimiento e infraestructuras estratégicas, incluidas las hídricas.

[48] La Agenda de Acción para el Agua, adoptada en 2023: 689 compromisos para alcanzar la seguridad hídrica global. La UE presentó una lista de 33 compromisos voluntarios.

[49] La Conferencia ONU Agua organizada conjuntamente por los Emiratos Árabes y Senegal, tiene como objetivo acelerar la implementación del ODS 6. Se celebrará en los Emiratos Árabes del 2 al 4 de diciembre de 2026.

[50] El Pacto se propondrá para su respaldo político por parte de la UE y de sus socios del sur del Mediterráneo en noviembre de 2025 con ocasión del 30.º aniversario del Proceso de Barcelona.

[51] El Consejo Nacional del Agua, se celebró el 18 de diciembre de 2025 en Madrid. Nota de presa

[52] Las repercusiones del CNA en la prensa local, por parte de Castilla la Mancha y Murcia.

[53] Reflexiones de los Desayunos de Trabajo CONAMA 2026. Celebrado en 3 de diciembre de 2025 en Madrid.

[EP1]Esto no es del todo correcto. La ONU recomienda que la asequibilidad del agua no puede estar por encima del 3% del presupuesto familiar, eso no significa que 0,8% de media, no haya en España familias que están por encima. Cuidado con esta expresión.